Las diferencias religiosas en comunidades de nuestro estado van en aumento y ante tales condiciones integrantes de diversas congregaciones de la Iglesia Cristiana Interdenominacional en la región chinanteca (ICIAR), exigen garantizar la libertad de culto y frenar las agresiones. Tras los sucesos en San Isidro Arenal que afectó a feligreses de la ranchería Cerro Cajón, en la agencia de San Lorenzo del municipio de San Juan Lalana, los ánimos siguen caldeados con el riesgo de desbordarse, por lo que demandan garantizar la seguridad en la región.

Durante los tres últimos años, se han detectado amenazas, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, imposiciones de multas, arrestos por 24 horas y la negativa de proporcionar servicios indispensables, entre otros. Y aún permanecen conflictos religiosos en diferentes comunidades, entre ellas, Estancia de Morelos, Santiago Atitlán, Santiago Teotlaxco, Santa María Yohueche, San Baltazar Yatzachi, Rancho Las Flores y El Aguilucho de Santa María Tlahuitoltepec, San Miguel Soyaltepec, San José Monteverde, agencia La Chachalaca municipio de Santiago Camotlán, y Tamazulapam Villa del Progreso.

Sin duda, el Estado mexicano tiene el deber de garantizar la libre manifestación y ejercicio de conciencia y de religión, sea de manera individual y colectiva, tanto en público como en privado, toda vez que se trata de un derecho inherente a cada individuo, cuyo principio radica en su dignidad y en su consecuente autodeterminación como persona.

Hoy se hace indispensable fomentar la libertad religiosa y el pluralismo promoviendo la capacidad de los miembros de todas las comunidades religiosas para manifestar su religión y contribuir abiertamente y en igualdad de condiciones a la sociedad.

Uno de los retos de la actual administración es la ejecución de obras de acceso al agua en beneficio de sus habitantes, entre las que se encuentra el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado, acciones integrales con la Federación y los municipios para la rehabilitación de obras hídricas. También es necesario contar con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos hídricos en los diversos sectores como son el doméstico, agrícola, industrial y minero, entre otros. Y contar con una legislación que permita una distribución equitativa del líquido, gestión integral de los recursos hídricos, reutilización, calidad y la no privatización del bien natural.

Si otra cosa no sucede, Morena, PT y PVEM tendrían el 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados, con 364 legisladores, pues crece la certeza de que el INE no

realizará la distribución de plurinominales por coalición, sino por partido. La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó a los consejeros electorales la propuesta que llevarán al Consejo General el próximo viernes, que es la misma proyección de junio, en la que se determina que Morena tendría 236 diputados. Al estar sobrerrepresentado, volvieron a restárselos y se los regresaron a sus aliados, por ello, los del PVEM tendrían 77 y los petistas 51. Mientras que la Oposición tendrá 135; el PAN, 72; el PRI, 35; Movimiento Ciudadano, 27, y el PRD, uno. Además de la candidata independiente.

Ante la decisión de un grupo de taxistas de Reyes Mantecón de impedir el servicio del Citybus de Zimatlán de Álvarez a esta capital, es necesario que las autoridades actúen con apego a la ley y no cedan a chantajes con el argumento de que dejarán de tener menos ingresos. La unidad del transporte fue detenido por los trabajadores del volante a la altura del Hospital de la Mujer Oaxaqueña y fue liberada sin mayores contratiempos, pero advirtieron que no van a permitir lo que consideran “competencia desleal”.

El centro de análisis México Evalúa alertó que la propuesta de reforma judicial impulsada por el Gobierno, que busca la elección por voto directo en urnas de jueces, magistrados y ministros, atenta contra la captación de nuevos flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el país, ya que afecta la seguridad jurídica de los inversionistas. La reforma podría colocar a jueces inexpertos a impartir justicia en sectores técnicos como el energético o de telecomunicaciones, además de que abriría la posibilidad a que los magistrados candidatos a elección entren en contacto con grupos de interés, lo que crearía presiones externas y daría apertura al financiamiento ilegal de campañas a través del crimen organizado.

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