El Congreso del Estado de Oaxaca fue uno de los cinco Poderes Legislativos más costosos del país durante el ejercicio fiscal 2022, que no se puede comparar con su ínfima producción y generación de leyes. Exhibe con crudeza que no se ha logrado erradicar el dispendio, la opacidad, la falta de rendición de cuentas, que reclama de un verdadero compromiso de los próximos representantes populares para cambiar esta triste realidad.

Los resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2023 del INEGI, confirman que en 2022, los congresos estatales ejercieron un presupuesto total de 15 mil 291 millones 646 mil 319 pesos. Esta cifra representó un aumento de 3.1 por ciento respecto del presupuesto ejercido en 2020. Fue uno de los cinco Poderes Legislativos más costosos del país durante el ejercicio fiscal, que contrasta con los resultados legislativos alcanzados.

En este escenario los congresos con más presupuesto fueron de la Ciudad de México con mil 645.6 millones de pesos (mdp), después del Estado de México con mil 255.1 mdp, seguido del de Michoacán con 952.5 mdp, Jalisco con 912.9 mdp y Oaxaca con 784.7 mdp.

La remuneración o salario reportado por diputados locales de Oaxaca fue de 100 mil pesos para un total anual de 2.2 mdp, sin contar con otras prestaciones que reciben como apoyos por asesores, difusión de sus actividades o por encabezar alguna comisión.

Es indudable que aun falta mucho para erradicar el despilfarro de recursos económicos que año con año se contempla en el Poder Legislativo local, y en donde evaluaciones de asociaciones nacionales que miden el desempeño legislativo señalan que se mantiene en los últimos lugares en materia de austeridad, transparencia y rendición de cuentas.

Se le acumulan los pendientes a la Semovi que maneja Claudina de Gives Mendoza, pues los taxistas de la capital y zona conurbada han aumentado sus tarifas en plena temporada vacacional en franco detrimento de la economia de los usuarios oaxaqueños. Desde hace mucho los “ruleteros” han impuesto sus condiciones sin que ninguna autoridad haga algo para evitarlo. Este servicio como otros más han contribuido que Oaxaca de Juárez sea de las ciudades más caras en nuestro país. Al margen de que imponen su ley en las calles donde lo mismo  circulan en sentido contrario que ignoran los señalamientos viales.

La agresión al conductor de un camión de la línea Servicio de Transporte Express de Antequera (Sertexa) por parte de al menos cinco sujetos, no puede ni debe quedar en la impunidad, ante el riesgo de que el mal ejemplo cunda. La brutal golpiza la cual se observa a través de un video en las redes sociales debe obligar a las autoridades competentes a actuar y evitar que Oaxaca se Juárez se convierta en tierra sin ley. Los pasajeros fueron mudos testigos de las hordas salvajes que bajaron al conductor y lo golpearon sin piedad.

Con el objetivo es impedir la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI hasta 2032, expresidentes impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la Asamblea Nacional en la que se aprobó reformar los estatutos del partido. El recurso fue promovido por Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell en su carácter de expresidentes del PRI, con el apoyo de Dulce María Sauri y Manlio Fabio Beltrones. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos no pueden modificar sus estatutos durante algún año electoral.

Si las dos terceras partes de los consejos estatales del PAN lo solicitan, serían los 380 consejeros nacionales del partido quienes eligirían al nuevo dirigente del blanquiazul y no el voto de la militancia. Las normas del blanquiazul precisan que el método ordinario para definir su dirigencia nacional es el voto directo de los afiliados. No obstante, también considera como método extraordinario que sea únicamente su Consejo Nacional el que tome la decisión. La fecha límite es el 3 de agosto para elegir el método extraordinario en su proceso interno. Posteriormente se emitirá la convocatoria que les dará 20 días a los aspirantes para que recaben el 10 por ciento de firmas de militancia panista, ya que es uno de los requisitos para ser registrado como candidato.

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