Por. Humberto Torres R.

El conflicto político que se vive en el municipio de San Jacinto Amilpas se debe de atender y resolver de inmediato antes de que la violencia se desborde por completo. Si bien hasta el momento solo se han registrado insultos y agresiones con palos y piedras, los ánimos de los grupos antagónicos están a punto de explotar sin que hasta ahora haya llamados a conciliar las diferencias y deponer actitudes de confrontación, pues como siempre sucede en estos casos de intereses políticos, los únicos afectados son los ciudadanos.

Por un lado, la morenista Yolanda Santos Montaño, presidenta municipal, gobierna con la férrea oposición de Nuvia Cruz García, regidora de salud y deportes; Mónica Belén Morales Bernal, regidora de igualdad de género del PSD; Julia Zárate Aragón, del PRI y regidora de Ecología y Gisela Pérez García, regidora de Hacienda.

Tan se encuentra manoseado el asunto que hasta el diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya planteó la renuncia del Cabildo en caso de no existir condiciones para integrarse y trabajar, mientras que el senador de Morena, Salomón Jara Cruz, tampoco ha dejado pasar la ocasión para a salir en defensa de la alcaldesa y sostener que es un problema de partidos.

Las diferencias se han ahondado y las expresiones de violencia van en aumento sin que se haya convocado a deponer esa hostilidad que en cualquier momento puede derramar sangre. Lo que demanda y exige la ciudadanía es paz y tranquilidad, orden y seguridad para realizar sus actividades cotidianas sin el mínimo temor de que en cualquier momento la violencia de los grupos en pugna se va desatar.

Son casi siete meses de incertidumbre y el desorden que existe en la prestación de servicios en el municipio, la priorización de obras se desconoce y no se conoce bien a bien a donde se van las participaciones. ¿Hasta cuándo?

     … A VUELO DE PÁJARO  

     Terminaron las fiestas de La Guelaguetza y en la edición matutina acudió Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recibió obsequios que le hicieron algunos participantes en la Cota del Lunes del Cerro y se tomó “selfies”. Otro invitado fue el senador Ricardo Monreal, quien desde el pasado viernes vacaciona en nuestra entidad.

     Déficit

     Otro invitado fue Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, quien anunció que este año la producción agrícola del país crecerá en un 4 por ciento, y que Oaxaca contará con recursos para atender su déficit de maíz. Los productores de las diferentes regiones piden que no se tarde mucho, porque al paso que lleva, van a perder hasta la camisa, pues los apoyos como las lluvias, ni llegan a tiempo.

     Ley Garrote

     Luego de que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobó en el Congreso de Tabasco una reforma para sancionar los bloqueos a obras públicas y privadas con penas de entre seis y 13 años de prisión, la gran interrogantes si esta iniciativa llegará a los demás congresos para ser avalada. La medida, catalogada por la oposición como la «ley del garrote», contempla sanciones para quienes impidan la ejecución de los trabajos o el ingreso de personal o maquinaria al lugar. Y si bien se afirma que no se trata de una legislación para «reprimir libertades», sino de una herramienta para acabar con las extorsiones a autoridades y empresas, “otros datos” advierten lo contrario.

     Y ¿ahora?

     La iniciativa impulsada por quienes en el pasado acudieron a las movilizaciones para presionar, abre la puerta para que cualquier manifestación sea criminalizada, más allá de sus motivos, ya que la modificación contiene elementos que ponen en evidencia que se usará para amedrentar a aquellos que quieran protestar. Se usará no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que se les asignen los trabajos o reciban alguna prebenda, si no que por lo elevado de las penas se usará como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno. Un tema que ya abrió el debate.

     Minucias

     Va en aumento la inquietud e incertidumbre entre algunos sectores de la sociedad mexicano, luego de que el presidente López Obrador confirmó que para arrancar el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica se utilizaran alrededor de 2 mil millones de pesos del Fondo Yucatán, creado para apoyar a los emprendedores yucatecos que ahora se quedarán sin ese financiamiento.

     Empresarios

     La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Azulay Alón y Jhony Ben (o Ben Sutchi) eran identificados en Israel como delincuentes con antecedentes penales e investigados en Estados Unidos por lavado de dinero y presuntos nexos con grupos terroristas, pero en Oaxaca se hacían pasar como empresarios a través de la compañía Bucay Soluciones Empresariales, ubicada en la calle Álamos 505, colonia Reforma. Según el informe, este consorcio surtía a la entidad de productos de papelería, pero sobre todo ofrecía asesoría legal y administrativa.

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     Volveremos.

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