Por. Humberto Torres R.

Tras fijar su posición sobre la iniciativa de firmar un Acuerdo de Paz, el Movimiento de Unificación Triqui (MULT) espera una pronta respuesta de las demás organizaciones de la región, entre ellas, MULTI, la Unidad de Bienestar de Lucha Triqui (Ubisort), y La Confederación Nacional Campesina (CNC). Si bien en principio esta de acuerdo como condición indispensable para la continuidad de su pueblo y su coexistencia, advierte que el rechazo del MULTI de firmarlo, como lo ha hecho desde 2012, es con la finalidad de seguir con su “estrategia perversa de escalar la violencia” en la zona triqui para militarizar con guardia nacional las comunidades.

En 2015, el MULT y la Ubisort refrendaron su compromiso de preservar la paz social en esa región y contribuir a recuperar la convivencia armónica entre los habitantes.

Ante la Secretaría General de Gobierno, Rufino Merino Zaragoza y Fabián Pereda Pereda de esas organizaciones firmaron el documento con el cual también avalaron para que las personas asentadas en el paraje «Llano de Pasto» pudieran regresar a Yutazaní, Copala.

Coincidieron que después de arduas negociaciones y apelando al diálogo y la conciliación, se han comprometido a poner toda su voluntad para que se sienten las bases de una convivencia pacífica, donde exista paz y trabajo para promover el desarrollo de la región triqui. Se comprometieron a no realizar ningún tipo de acción ni declaración alguna que contraviniera la sana convivencia entre las comunidades indígenas, con el fin de no generar encono ni crispación entre los triquis.

Pese al pacto de diálogo entre ambas organizaciones por la disputa y control de la zona, la violencia no ha dejado de presentarse. De ahí la trascendencia de que todas las organizaciones hagan suyo el acuerdo de paz y participen con la firme voluntad de dejar de lado la confrontación como forma de vida.

      … A VUELO DE PÁJARO 

      Junto con ello se debe resolver de una vez por todas la situación de los desplazados de San Juan Copala que suman años con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 76 indígenas triquis entre niños, mujeres y ancianos de la comunidad de Valle del Río. El 29 de mayo de 2012, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al entonces presidente Felipe Calderón y gobernador Gabino Cué, proteger a los beneficiarios y sus representantes.

      Medidas

      En este año, Héctor Anuar Mafud Mafud, secretario General de Gobierno, señaló que todas las recomendaciones hechas por la CIDH se han cumplido por lo tanto ya no existe razón para que continúen recibiendo esta protección que solo ha servido para que conviertan al zócalo en un mercado. Se ha cumplido con la entrega de espacios para vivir hasta generar las condiciones para el regreso a sus comunidades, específicamente a San Juan Cópala, sin embargo, ellos se han negado, al margen de que la medida cautelar no implica impunidad ni fuero alguno.

      Itinerante

      A través de la “Defensoría Itinerante” se busca lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones esenciales con la ciudadanía y promover la cultura de los derechos humanos. Bernardo Rodríguez Alamilla, presidente de la DDHPO dio arranque al proyecto en Ocotlán de Morelos, con la premisa de empoderar a las personas con el conocimiento de sus derechos, ya que los municipios son las autoridades que acumulan el mayor número de quejas.

      Opacos

      Debido a que cada día son más las autoridades municipales que no cumplen con la rendición de cuentas y la transparencia, al grado que la actual LXIV Legislatura local no aprobó la cuenta pública 2017 de 74 municipios debido a que la información aportada sobre su ejercicio es insuficiente, es necesario sancionar penalmente a todos ellos para evitar que la impunidad se imponga. En ese ánimo, la Secretaría de la Contraloría confirmó que recuperó al menos 700 de 900 millones de pesos que autoridades municipales del bienio pasado no comprobaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Más de 60 municipios con alrededor de 300 millones de inversión no presentaron la documentación que correspondía y algunos no lo hicieron de manera adecuada.

      Olvidados

      Debido a que desde hace mucho no reciben atención por parte del gobierno municipal de San Sebastián Tutla, un grupo de ciudadanos del fraccionamiento “El Rosario” anunciaron su interés de separarse definitivamente. Debido a que en abril de este año la asamblea de ese municipio determinó la separación del fraccionamiento, ahora buscarán la intervención del Congreso del Estado ordenar una consulta pública para que entre los más de 15 mil habitantes se confirme la decisión y se lleguen a acuerdos.

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      Volveremos.

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