Por. Humberto Torres R.

Con “bombo y platillo” se anunció en los últimos meses de 2018 la llegada al país de las primeras inversiones de una bolsa estimada en más de 7 mil  millones de dólares destinada a las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Concluido el andamiaje jurídico y constitucional, las empresas mexicanas y extranjeras podrán empezar a construir plantas en estos sitios y hacer uso de estímulos tales como no pagar el Impuesto Sobre la Renta e impuestos locales (como el predial), además de estar exentos, durante los primeros cinco años de operaciones, de pagar aranceles en el caso de que importen temporalmente bienes para utilizar en sus actividades productivas, se pregonó.

Las ZEE, creadas mediante decreto y definidas como áreas delimitadas geográficamente, ubicadas en sitios con ventajas naturales y logísticas para convertirse en regiones altamente productivas, se establecieron en Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Campeche, Tabasco y Yucatán, ya no serán realidad. A pesar de que se dijo una y mil veces que era un proyecto que puede generar cambios importantes en las condiciones de vida de los habitantes, y que el objetivo era abatir la pobreza a través de la inversión y la generación de empleos, hoy el discurso es otro.

Refirió que Rafael Marín Mollinedo, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sostuvo que el gobierno actual concentrará todos sus esfuerzos en impulsar el Istmo de Tehuantepec y la operación de las siete zonas delineadas por la pasada administración imposibilitará el desarrollo económico porque implica que los estados del sur compitan entre sí y con el régimen especial de impuestos que se pretendía aplicarles no habrá ingresos suficientes para el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es indudable que esta determinación dejará en el papel proyectos de inversión en las Zonas Económicas, por ello valdría la pena convocar a un proceso de diálogo con Gobiernos estatales, para conocer sus puntos de vista y recomendaciones. Una consulta más no hace daño.

     … A VUELO DE PÁJARO

     En la mesa de análisis “Los desafíos de la seguridad y la Guardia Nacional en el contexto de Oaxaca”, el rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, sostuvo que para que la Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión, cumpla de mejor forma su objetivo de construir un México en paz “deben trabajar de la mano empresas, academia y sociedad civil”, a fin de reducir la pobreza y marginación porque “la paz es un trabajo de todas y todos”.

     Más elementos

     Si bien se detalló que la Guardia Nacional emitirá informes sobre su desempeño y “no sustituiráa las policías municipales ni estales; más bien trabajará con el Ministerio Público”, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor de la 28 Zona Militar, Martín Terrones Calvario, puntualizó  que la Guardia Nacional quedará integrada con 35 mil efectivos militares, 8 mil de la Policía Naval y 27 mil de la Policía Federal, en primera instancia; luego se reclutarán 50 mil jóvenes para que en el año 2021 se tengan un total de 150 mil activos divididos en 266 coordinaciones regionales en toda la República.

     Lo ignoraron

     Para el periodista Carlos Ramírez, parte de que el crimen organizado tenga control sobre comunidades o regiones “es porque los sectores políticos y empresariales fueron tolerantes y los dejaron crecer”. Como las policías no pudieron mantener laseguridad pública, es correcto que entre el Ejército en su lugar, y la prioridad de la Guardia Nacional será defender a la ciudadanía de la inseguridad, ya que salvaguardar los derechos humanos va implícito; un debate sobre derechos humanos está de más, pues lo principal es mantener la gobernabilidad y el estado de derecho.

     Quieren dinero

     Decidido a sangrar la economía y las finanzas de la máxima casa de estudios, Gustavo Avendaño Trujillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), volvió a tomar el edificio de Rectoría para exigir el pago de 21 millones de pesos, pues según argumenta es el pago de un laudo. Arropado por sus seguidores, pregonó que en 2015 interpusieron una demanda, por lo que en 2018, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ordenó a la UABJO cumplir con el pago de prestaciones correspondientes al periodo de demanda.

     Juego limpio

     Ante los señalamientos de presuntos “dados cargados” en la elección del nuevo Consejero Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Magaly López Domínguez, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, rechazó que las organizaciones sociales, políticas o líderes sociales tengan injerencia o presionen en la designación. Si bien la elección lo harán los 42 Legisladores, bien vale la pena que haya total y absoluta transparencia para evitar suspicacias.

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     Volveremos.

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