La presidenta Claudia Sheinbaum anunció dos reformas constitucionales para acabar con la reelección y el “nepotismo”. La primera reforma es para dejar asentado en la Carta Magna “la no reelección a ningún puesto de elección popular”. Y la segunda busca establecer “la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro, tratándose de un puesto de elección popular”.

Actualmente, la legislación mexicana permite que diputados y presidentes municipales se postulen para un segundo mandato, posibilidad que Sheinbaum busca eliminar con una reforma electoral pendiente desde el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La reelección indefinida y el nepotismo han debilitado las instituciones democráticas, consolidando el poder en manos de unos pocos y frenando el desarrollo. Acabar con estas prácticas es fundamental para garantizar una democracia auténtica, con liderazgos renovados y oportunidades equitativas para todos los ciudadanos.

La reelección puede parecer un mecanismo legítimo para dar continuidad a proyectos de gobierno, pero en la práctica, suele convertirse en una herramienta de perpetuación en el poder. Líderes que buscan reelegirse continuamente suelen debilitar los contrapesos institucionales, controlar los medios de comunicación y cooptar el sistema judicial para mantenerse en el cargo. Esto lleva a la corrupción, la falta de transparencia y el estancamiento de políticas públicas.

Históricamente, muchas democracias han colapsado debido a la concentración del poder en un solo líder. Las naciones que han optado por limitar la reelección han demostrado mayor estabilidad y desarrollo, pues permiten la alternancia y fomentan nuevas ideas.

El nepotismo es otra forma de corrupción política que impide el acceso equitativo a los cargos públicos. Cuando los gobernantes favorecen a familiares y allegados en la administración pública, se compromete la eficiencia del Estado. En lugar de seleccionar a los más capacitados, se prioriza la lealtad sobre la competencia, lo que afecta la calidad del servicio público.

El pasado 31 de enero concluyó la veda de entrega de concesiones al servicio del transporte público en el estado, pero la intención del gobernador Salomón Jara Cruz es que se pueda iniciar otra más. La titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Yesenia Nolasco confirmó que no entregarán más concesiones y que actualmente se realizan estudios de factibilidad para conocer la situación en que se encuentra el transporte y analizar donde hacen falta unidades. En el caso de la zona metropolitana existe un número importante de taxis como de unidades del transporte urbano, por lo que no es factible hacer entrega de concesiones.

Los 570 municipios de Oaxaca ya pueden contratar con cualquier institución bancaria del país deuda pública por un monto conjunto de 8 mil 339 millones 779 mil 51 pesos para proyectos de infraestructura. Para ello podrán afectar como fuente de pago de los financiamientos que contraten hasta el 25% del derecho a recibir y los importes líquidos que anual e individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Cada Municipio podrá contratar el o los financiamientos autorizados en el transcurso de los ejercicios fiscales 2025 y 2026 inclusive, y deberán pagarlos en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional de la administración municipal que lo contrate.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, hizo pública un oficio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el cual le señala que las observaciones de las auditorías realizadas a su gestión al frente de la Jucopo del Senado están solventadas. Hay que recordar que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sugirió buscar en las fiscalías la denuncia que anunció el 13 de diciembre pasado por «negocitos añejos» durante la gestión de Monreal en la Cámara alta.

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