Pensé que ya había escuchado todo sobre la ley reglamentaria del artículo 16 de la Constitución local del estado de Oaxaca en voz de más de una persona que se abroga su autoría ante escuchas que poco o nada saben de ella, de su génesis, de la voluntad política del gobernador Carrasco para impulsar la iniciativa de ley, las más de 6000 aportaciones de miembros de los Pueblos y Comunidades, de especialistas, intelectuales de esos Pueblos y especialistas en materia jurídica y antropológica, así como la denodada y sistemática participación de un pequeño equipo de Oaxaqueñas, Oaxaqueños y reconocidos académicos comprometidos que trabajaron desde el inicio hasta lograr la iniciativa que hoy es ley en donde se ubican el mayor número de Pueblos y Comunidades Originarias. En su oportuna versión se abrogan haberla hecho casi solos, añadir personas que sin desestimar su trabajo de asistentes que nada tuvieron que ver pero que lo más trascendente es que salvo cuando se celebra alguna fecha conmemorativa o los del poder en turno traen por ocurrencia o necesidad el tema, se pronuncian con consejas y quieren parecer saber sobre ello, nada o poco hacen o se pronuncian para que ahora mismo sean abordados con justicia y prontitud graves problemas que aquejan ya no digamos a los miembros de los Pueblos y Comunidades Originarias a nivel nacional sino en Oaxaca que no solo vuelven a mostrar las respuestas de quienes en este momento detentan el poder causando enfrentamientos, muertes, desaparecidos, represión, omisiones graves si no es que acusaciones y señalamiento de quienes obligada y legalmente están para resolver en tanto empleados públicos al servicio del pueblo.

Cientos de desplazados de sus comunidades de orígenes que además de sus problemas internos, los gobiernos de los tres órdenes a fuerza de atropellarlos, reprimirlos, y entrometerse los han privado de sus propias respuestas que a lo largo de su existencia habían desarrollado para abordarlos, la imposición de inversiones, programas y obras de “interés nacional” que a lo largo de su desigual relación con el resto de la sociedad les ha costado sangre como las dos presas en la cuenca del Papaloapan que expulsó a cientos de chinantecos y mazatecos que hoy todavía habitan en terrenos poco aptos para la subsistencia lejos de sus tierras ancestrales en el Uxpanapa o la Selva de los Chimalapas. Las invasiones, atentados y asesinatos por la invasión de población del estado de Chiapas que a pesar de la lucha que libraron durante más de cuarenta años hasta lograr la resolución  de la Corte reconociendo las más de 160 mil hectáreas del pueblo Zoque Oaxaqueño, tienen que seguir presionando para que se ejecute esta resolución sin que después de más de un año haya el apoyo gubernamental necesario y si acusaciones que ellos son los responsables que no se haya cumplido; los enfrentamientos que cobran más vidas y crecen los enconos por los más de 300 conflictos agrarios por la acción chata y etnocida del gobierno de la República que aplicó una reforma agraria externa, ajena a los límites ancestrales y en no pocas ocasiones de acuerdo a los intereses caciquiles locales y de potentados, políticos, gobernantes y sus familias que en 50 de estos conflictos son verdaderas bombas de tiempo que ahora mismo están estallando.

La incursión del crimen organizado en parte de sus territorios que aunque no se ha extrapolado como por desgracia les sucede a los Pueblos y Comunidades de Chiapas,  que cada día en al menos en el Istmo, la Costa, la Cuenca y los Valles Centrales están enfrentando su predominio sobre todo en la siembra y trasiego de estupefacientes, así como el control de acarreos y construcción de obras de gran envergadura;  la imposición por medio del engaño, la represión física y jurídica de obras como el interoceánico que se implantó por medio de una consulta manipulada y fuera de los estándares legales vigentes,  dilación e incumplimiento de obras y servicios ofrecidos y comprometidos a cambio de sus tierras, compra fraudulenta de terrenos para los llamados polos de bienestar que por lo menos en una caso fueron “avalados” por comuneros ya fallecidos, extracción de materiales de la región a pesar de su oposición y prohibición de las instituciones responsables a nivel federal, las falsedades y bonanzas ilusorias de empleo y riqueza regional.

Asesinato y desaparición de los defensores de sus causas, utilización y exposición folclorista de sus costumbres y tradiciones, imposición y normalización de actos reprobables y contra sus dignidad como “entregar” el bastón de mando a gobernantes externos, ocuparlos como escenografía y posturas demagógicas de tomarlos en cuenta son solo algunas de las ofensas, delitos y usurpación de estos Pueblos y Comunidades que hoy se agregan la ignorancia supina o de mala fe de quienes pregonan conocerlos.

Gerardo Garfias Ruiz                            garfiasg@hotmail.com