Si bien con la reciente reforma constitucional se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y México avanza en el reconocimiento de su libre determinación y autonomía, el siguiente paso es garantizar que la ley sea consultada con las comunidades antes de avanzar en las leyes secundarias.

Ante tal escenario, la diputada federal Naty Jiménez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de ahí que la consulta sea clave para que esta reforma realmente refleje las necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos. Ya que la reforma les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, permitiéndoles aplicar sus propios sistemas normativos, elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres, y fortalecer su identidad cultural.

Hoy se pretende que una vez presentada la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Pueblos Afromexicanos y se trabaje de manera conjunta con las leyes secundarias y se plasme dentro de la ley, la educación intercultural y se pueda hablar sobre la medicina tradicional que es diferente para nuestras comunidades.

Es indudable que a pesar del reconocimiento legal, los pueblos indígenas y afromexicanos siguen enfrentando desafíos como la discriminación, el acceso limitado a servicios y la lucha por la protección de sus territorios. Por eso, se debe ahondar en el derecho  a preservar su cultura, lenguas, educación y salud con enfoque intercultural.

Iniciaron las campañas de quienes aspiran a cargos en el Poder Judicial de la Federación. Una de ellas es Roselia Bustillo Marín que busca una magistratura en la Sala Regional de la Tercera circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Especialista en Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. 2002. También Jaime Allier Campuzano, participa en la elección judicial para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es magistrado de circuito del segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo tercer circuito con residencia en Oaxaca.

La tragedia de Teuchitlán refleja la profunda crisis de seguridad y justicia que atraviesa el país, aseguró María del Carmen Ricárdez Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, al establecer que “hoy no solo estamos frente a un hallazgo atroz, sino también ante el clamor desesperado de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos”.  Demandó verdad, justicia y un actuar inmediato de las autoridades, pues es una prueba irrefutable del fracaso de las políticas de seguridad del Gobierno Federal.

Mientras el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, declaró actos de violencia política en razón de género y obstrucción al ejercicio del cargo, atribuidos a la presidenta, Angélica Juárez y secretario del partico Nueva Alianza Oaxaca, Bersahín López, contra la exdiputada local, Adriana Altamirano Rosales, el Panal la expulsó de sus filas. Integrantes del Consejo Estatal argumentaron que violentó los principios institucionales, los valores del partido, así como las obligaciones establecidas en los documentos básicos. Es señalada del atentado en contra del secretario general, cuyas razones aún se desconocen.

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