Con el compromiso de Impulsar la reforma constitucional al sistema electoral para que se fortalezca la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas y la reducción del costo de las elecciones al pueblo, se espera exista la voluntad para revisar el financiamiento a los partidos políticos. Este año fueron más de 10,444 millones de pesos destinados para cada uno de ellos en las elecciones que se convirtió en el mayor financiamiento de la historia.

Los partidos en México, a pesar de disponer de fondos públicos cuantiosos, no han evitado escándalos de corrupción por financiamiento irregular, y su desempeño público se encuentra en una etapa de fuertes críticas por el incumplimiento de expectativas. Se ha planteado reformar el financiamiento público, que formula reducirlo en 50%.

El financiamiento de los partidos políticos y de los organismos electorales a nivel federal y estatal es un tema central del actual debate político en México. Por un lado, existen voces críticas que señalan que es excesivo el monto de los recursos económicos de origen público que reciben los partidos e instituciones electorales, mientras que por otro lado, se argumenta que para poder fortalecer y consolidar la naciente democracia política es necesario otorgar recursos suficientes a los partidos como instituciones esenciales de todo régimen democrático.

En este escenario no se puede obviar que se ha vivido una de las mayores crisis de legitimidad de aquellas instituciones políticas que debieran ser por excelencia el puente de expresión y acceso pacífico del pueblo al poder público. Y actualmente se vislumbra difícil que los partidos políticos resuelvan esta crisis, por ello los partidos políticos deben tomarse en serio a los ciudadanos y establecer los canales para estar en contacto con ellos. No solo en las campañas, no solo para justificar su financiamiento público, sino siempre.

Al pronunciarse por un Poder judicial más sensible, humano, incluyente y con responsabilidad social, donde todas las voces sean escuchadas, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEO), Berenice Ramírez Jiménez  señaló que uno de los objetivos es lograr una institución sólida, con compromisos y resultados. En su entrevista con reporteros de EL IMPARCIAL, ponderó que uno de los objetivos es lograr una institución sólida, con compromisos y resultados.

Tras el desbordamiento del río Los Perros, por el paso de la depresión tropical Once-E, el Gobierno de Oaxaca instaló un refugio temporal en el Instituto Tecnológico del Istmo (ITI), con una capacidad para 500 personas, en Juchitán de Zaragoza. Fueron evacuadas familias del callejón Excelsior de la Quinta Sección; de la Avenida Cuauhtémoc de la Octava Sección; así como del callejón del Río de la Quinta Sección, de dicho municipio. Se monitorea los ríos Tamarindo, Ostuta y Suluapa, ubicados en Santo Domingo Zanatepec; El Novillero, en San Pedro Tapanatepec; así como Espíritu Santo de Santo Domingo Ingenio, todos en la región del Istmo y los cuales se encuentran hasta este momento en un 50 por ciento de su capacidad.

A pesar de que existe el compromiso presidencial de desaparecer la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros) y  se trabajará conjuntamente en un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice los derechos laborales y el derecho a la educación, la Sección 22 de la CNTE exige la eliminación de la “mal llamada reforma educativa”, un incremento salarial del 100%, así como un aumento al presupuesto educativo del 12% del producto interno bruto. La Coordinadora sostiene que el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación es el mismo proyecto de nación de continuidad neoliberal, caracterizado por defender y obedecer a los intereses de los organismos internacionales.

Analistas de BBVA México consideran que si la reforma al Poder Judicial no disipa la incertidumbre, el crecimiento económico de México será menos de 1% en 2025. Consideran que este año el crecimiento cerrará en 1.2% y que el año que viene de 1%, siempre y cuando se logre mitigar la incertidumbre que ha generado la reforma al sistema judicial porque si no se logra mitigar a través de cambios en leyes secundarias y de mensajes positivos.

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