El costo de la libertad

Por: Fernando Cruz López.

Mientras millones de mexicanos duermen o trabajan, en cada rincón del país, hay hombres y mujeres con uniforme que patrullan selvas, desiertos, fronteras y montañas. Son los integrantes del glorioso Ejército Mexicano, institución que sigue siendo una de las pocas que conserva la confianza ciudadana. Sin embargo, esa lealtad no ha sido correspondida como merece. Peor aún, muchos de nuestros valientes soldados hoy enfrentan una doble batalla: contra el crimen y contra las injusticias; que se cometen contra ellos.

Hablar del Ejército mexicano es recordar nuestro histórico pasado, pero pocos se atreven a mirar de frente lo que realmente está ocurriendo con nuestras Fuerzas Armadas: un abandono institucional disfrazado de reconocimiento público, pero en la práctica bastante olvidados.

Durante los últimos años, múltiples elementos del Ejército han sido encarcelados por actos cometidos en servicio, en escenarios de alto riesgo, enfrentando a delincuentes armados, muchas veces sin un marco legal claro que los proteja. Se les exige actuar con pulcritud quirúrgica en contextos de guerra no declarada, pero se les juzga como si estuvieran cometiendo delitos.

Algunos han disparado para salvar su vida o la de sus compañeros y han terminado tras las rejas. Otros han sido procesados por omisión, sin considerar las condiciones precarias, el desgaste emocional y la confusión que implica operar en zonas dominadas por el crimen organizado. En muchos casos, sus procesos están viciados, politizados o simplemente olvidados en los archivos de los tribunales, ya sea militares o civiles.

Me pregunto, y con justa razón, ¿dónde está el respaldo del Estado a esos hombres y mujeres que arriesgaron todo? ¿Qué mensaje se manda a los que aún están en servicio cuando ven a sus compañeros castigados por hacer lo que se les ordenó?

Todo México observa cómo  en cada desfile, en cada acto cívico, se ensalza el papel del Ejército como símbolo de disciplina, honor y servicio. Pero esos discursos no bastan. Lo que las Fuerzas Armadas necesitan no es solo gratitud verbal, sino políticas públicas efectivas: defensa legal, atención psicológica, salarios dignos, acceso a educación para sus familias y, sobre todo, garantías jurídicas de que no serán tratados como criminales por cumplir con su deber.

Es tiempo de revisar el marco normativo que rige la actuación militar. No para promover impunidad, sino para asegurar que quienes obedecen órdenes no terminen como chivos expiatorios de decisiones políticas o presiones mediáticas. La línea entre el deber y el delito no puede ser tan delgada ni tan arbitraria.

En un México atravesado por la violencia, el Ejército ha sido, muchas veces, el último bastión ante el avance del crimen. Se le ha pedido asumir tareas de seguridad pública, de construcción, de auxilio en desastres, de control migratorio y hasta de distribución de vacunas. Y ha respondido. Pero cada vez se le exige más, sin una retribución institucional que esté a la altura.

Un país que criminaliza a sus soldados mientras deja impunes a los verdaderos delincuentes está cavando su propia tumba. Defender la patria no debería costar la libertad. Mientras no haya justicia para los que nos defienden, la justicia seguirá siendo un privilegio, no un derecho… Sígame en X como @visionpolitica7