Al margen de que existen más de 200 elementos federales y estatales en la zona norte del Istmo, para resguardar la seguridad y tranquilidad en la agencia de San Isidro Platanillo en Santo Domingo Petapa, el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó que hay personas armadas en la zona de conflicto y se busca determinar si este grupo pertenece a grupos delincuenciales.

Tras el asesinato de tres personas se determinó acudir a la zona para llevar a cabo las investigaciones y pacificar el lugar. Sin embargo, la presencia de armas de alto poder en diversas regiones del estado, es muy alarmante y va a reclamar la activa coordinación de los diferentes ordenes de gobierno para enfrentarlo.

A través de algunos operativos autoridades de seguridad han detectado armas de alto poder, decomisos que forman parte de esfuerzos continuos para combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad en la región. Las armas incautadas incluyen rifles de asalto, municiones y equipo táctico.

En estas labores las autoridades han destacado la importancia de la colaboración ciudadana para identificar y desmantelar redes criminales. Este tipo de acciones busca reducir la violencia y fortalecer el estado de derecho en Oaxaca, enviando un mensaje claro contra la impunidad. Las investigaciones continúan para determinar el origen de las armas y posibles vínculos con grupos delictivos.

La cooperación con las comunidades también ha sido clave para obtener información que permita desarticular estas redes de tráfico de armas.

Trabajadores de la Defensoría Pública tomaron las oficinas del Poder Judicial Federal en el municipio de San Bartolo Coyotepec, como parte de las movilizaciones que a nivel nacional fueron convocadas para reclamar respeto a sus  derechos laborales. Son el primer contacto que tiene la ciudadanía con el Poder Judicial, ya que brindan los servicios de manera gratuita a las personas que no cuenta con un abogado, pues lo mismo atienden a campesinos, migrantes, mujeres  como también a menores de edad.

Mientras en Veracruz la gobernadora Rocío Nahle rechazó la afiliación a Morena de Miguel Ángel Yunes Márquez, en Oaxaca el gobernador Salomón Jara Cruz, también se pronunció por rechazar la incorporación de Alejandro Murat a las filas del partido guinda. “Me sumo al llamado para que la Comisión de Honor y Justicia rechace la incorporación de Yunes y de Alejandro Murat, quienes representan todo lo contrario a los principios y valores de nuestro movimiento”, escribió en su redes sociales. Sin duda, el caldero político esta en ebullición.

El Consejo General del IEEPCO aprobó la redistribución del financiamiento público local para los partidos políticos, correspondiente a los meses de febrero a diciembre de este año, debido al registro del Partido de la Revolución Democrática Oaxaca, como Partido Político Local. La redistribución es de 199 millones 749 mil 214.17 pesos aprobados para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos. 14 millones 298 mil 939.06 pesos son para el PAN;

20 millones 272 mil 239.56 pesos para el PRI; 26 millones 285 mil 809.50 pesos para el PT; 24 millones 688 mil 454.99 pesos para el Partido Verde; 17 millones 211 mil 762 pesos para Movimiento Ciudadano; 78 millones 193 mil 119.71 pesos para Morena, entre otros.

La designación de cárteles mexicanos como terroristas tendrá implicaciones económicas para el país, que obligará al Gobierno federal a diseñar una estrategia concreta para combatir a los grupos criminales. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que esto tiene repercusiones económicas, financieras, bancarias, dado que se afectará a muchas empresas honestas que están comercializando con México productos de origen lícito, hay implicaciones de carácter más profundo que el que algunos suponen en la persecución de estos cárteles al declararlos terroristas.

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