El desplazamiento forzado interno es una situación en la que personas o grupos de personas se ven obligados a huir de su lugar de residencia habitual sin cruzar una frontera internacional. Esto puede ocurrir por conflictos armados, violencia, violaciones a los derechos humanos, desastres naturales o catástrofes provocadas por el ser humano. En Oaxaca la Iniciativa de Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, busca tipificar como delito el desplazamiento arbitrario y la negativa para llevar a cabo los procesos de retorno de las familias desplazadas.

Propone un marco normativo que reconoce la existencia de este fenómeno, derivado un proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para establecer las obligaciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno de Oaxaca y los municipios. Forma parte de la agenda en materia de derechos humanos y recoge las voces, cosmovisión y sentir de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Actualmente se tiene documentados 21 casos relacionados con este fenómeno, el 98 por ciento ocurridos en administraciones pasadas y cuyas causas están relacionadas con la violencia por conflictos agrarios, políticos y sociales, así como por determinación de las asambleas comunitarias. La mayoría de las personas afectadas son personas indígenas, quienes se han visto obligadas a abandonar o huir de sus comunidades.

 Hoy se reconoce que el desplazamiento forzado es la suma de diferentes violaciones que requieren una atención integral y este marco jurídico reconoce los derechos y las acciones para restituirlos. Es una violación a los derechos humanos y puede tener consecuencias psicológicas, como perder el empleo, familiares y amigos.

En el marco del foro “Diálogo sobre Ciudadanía Transnacional y Participación Electoral” que realizo el IEEPCO, la Consejera Presidenta, Elizabeth Sánchez González pidió abrir caminos de entendimiento y sensibilización sobre estos retos, pues las personas migrantes, aspiran a que las instituciones no sean obstáculos, sino entes facilitadores de dar todos los pasos necesarios para fortalecer los lazos con su tierra natal. Planteó con el Poder Legislativo realizar análisis conjuntos que permitan adecuar el marco normativo a las verdaderas necesidades de esta población y así, construir políticas inclusivas que reconozcan la diversidad y riqueza de nuestra ciudadanía transnacional.

Tras cancelar una mesa de trabajo en la Ciudad de México, argumentando que no asistieron los titulares de las dependencias involucradas en sus demandas, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), Gobernación y el ISSSTE, la Sección 22 de la CNTE lamentó la falta de voluntad política para atender sus demandas. En contraste, Emilio Montero Pérez, director General del IEEPO, Informó que en el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, se lograron acuerdos importantes, como la entrega y operatividad para la distribución de los uniformes escolares gratuitos, conformados por un conjunto deportivo y dos de gala. Habrá la dotación de mobiliario y equipos de cómputo, y la distribución comenzará en los primeros meses del próximo año.

Se le acumulan los pendientes a la dirigente estatal del PRI, María del Carmen Ricárdez Vela, tras la renuncia de Liz Acosta a su militancia en el tricolor y a la dirigencia del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Oaxaca. Ahora los trabajadores viven en la incertidumbre debido a que no saben bien a bien si cobrarán el último mes del año pues consideran que no hay claridad en el manejo financiero del hoy diputado local Javier Casique Zarate. Sin duda, el PRI enfrenta una etapa crítica debido a la falta de recursos financieros suficientes para mantener su operación política, electoral y organizativa a nivel nacional. La pérdida de gubernaturas, congresos locales y municipios clave ha reducido significativamente el financiamiento público que recibe el partido, así como las aportaciones de sus simpatizantes.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados proyecta realizar una reasignación de 30,220 millones de pesos para fortalecer el gasto de algunos sectores a los que se les había mermado recursos. Plantea aplicar un recorte a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por más de 17,000 millones de pesos y reasignar 14,984 millones de pesos a educación a las universidades públicas.

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