Con la premisa de revisar y coordinar acciones en favor del respeto a los derechos humanos de la población, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez se reunió con los secretarios de gobierno y representantes de las 32 entidades, entre ellos de Oaxaca. El reto es impulsar mecanismos para garantizar la coordinación de las autoridades; el Protocolo de Atención a manifestaciones en vías primarias y el Protocolo de Prevención de Violencias en Manifestaciones, además de retomar el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social presentado en el sexenio pasado.

Hoy se plantea el respeto a las garantías constitucionales como la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de movilización, y una hoja de ruta de derechos para evitar la criminalización de la protesta social, impedir la represión, el uso de la fuerza innecesaria, y “no repetir errores del pasado”. Es una prioridad la atención a personas buscadoras y sus familias, “con los más altos estándares de respeto a sus derechos humanos y empatía”.

Es indudable que Oaxaca enfrenta desafíos complejos en derechos humanos, donde las comunidades indígenas, las mujeres y los defensores de derechos humanos son los sectores más vulnerables. La garantía de estos derechos requiere no solo de medidas gubernamentales, sino también del compromiso de la sociedad y el fortalecimiento de mecanismos de justicia y protección para construir un estado donde la dignidad y los derechos sean una realidad para todos.

Las mujeres y niñas en Oaxaca también sufren una gran vulnerabilidad en términos de derechos humanos. La violencia de género es un problema alarmante, con tasas elevadas de feminicidios y agresiones sexuales. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente, y muchas víctimas encuentran barreras para acceder a justicia, protección y atención integral.

Tras calificar de inadmisible la violencia contra las mujeres en el estado, derivado de los casos de feminicidio y desapariciones registradas,  en el Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó a todos los poderes del Estado, órganos autónomos e instancias públicas competentes para atender la problemática de las violencias en contra de las mujeres de manera integral, coordinada y con deberes reforzados de protección. Pidió concluir los trabajos para la publicación del Programa Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2024-2028. Y avanzar en las acciones institucionales para el cumplimiento de los resolutivos y medidas contenidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Luego de que el gobernador saliente de Jalisco, Enrique Alfaro pidió a la presidenta de México revisar el pacto fiscal y entregó al Congreso local una iniciativa para dar un mejor trato a ese estado en la repartición de recursos federales, Claudia Sheinbaum explicó que el desarrollo de cada entidad es distinto, por lo que la federación debe garantizar una correcta distribución de la riqueza.

“Esta idea de salirse del pacto fiscal, y la verdad no es muy entendible”, planteó y consideró que las entidades deben generar sus propios recursos, pues hoy, en promedio, el 82% de sus ingresos proceden de transferencias de la federación, 12% corresponden a ingresos propios y 6% a deuda.

A pesar de la orden del Tribunal Electoral para seguir con la elección judicial, el INE pidió al Congreso posponer 90 días la votación directa de jueces, magistrados y ministros prevista para el 1 de junio de 2025. La elección de 881 cargos implica 5 mil 379 candidaturas, más de 100 mil precandidatos que deberán ser evaluados por tres comités y que por si fuera poco, es la primera vez que se realizará en la historia.

Transparencia Mexicana busca que ciudadanos y contribuyentes puedan acceder a información sobre los ingresos públicos del gobierno federal y los estatales. Pretende que los congresos estatales ha publicado las iniciativas en sus medios oficiales, como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los estados no solo deben rendir cuentas sobre el uso de sus recursos, sino también publicar información clara y asumir responsabilidad sobre sus ingresos.

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