La pretensión de aplicar un nuevo cobro a los recibos de luz es una lesión directa a los ciudadanos, toda vez que se les transfiere una obligación del estado: Verónica Camino.

Cdmx. 18 de diciembre de 2019. La senadora por Yucatán, Verónica Camino Farjat denunció en el Congreso de la Unión que en su estado se pretenden aplicar cobros indebidos e inconstitucionales en los recibos de luz, dañando así la economía de los ciudadanos, a quienes se les quiere transferir una obligación que le corresponde al Estado.

Problemática:

En los últimos años la delincuencia ha ido en aumento generando un gran deterioro en las condiciones económicas, políticas y sociales en todo México, con excepción de algunos estados como Yucatán, donde a causa de las tradiciones, valores y costumbres aunadas a la implementación oportuna de diversas políticas públicas, esta problemática social se ha visto atendida y ha sido controlada.

Yucatán es referente en seguridad pública a nivel nacional, por ser el más pacífico del país, con una calificación de 0.066 en el Índice de Paz México 2019.

Con base en dichos resultados, los actuales representantes populares han utilizado los recursos económicos estatales y federales con la excusa de mantener dichos valores positivos mediante la implementación de acciones que fortalezcan la seguridad pública del estado. Una de las acciones fue la instalación de 2 mil 200 cámaras de seguridad, cantidad que, pretende ampliarse a aproximadamente 5 mil 500 antes de que culmine el periodo de la actual administración estatal.

En este sentido, para el sustento y ampliación de las cámaras de video vigilancia fue autorizado al Gobierno de Yucatán que, a partir del 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, se contrate y ejerza uno o varios financiamientos con instituciones de crédito de nacionalidad mexicana hasta por 2 mil 600 millones de pesos, argumentado que serían para implementar el sistema integral de seguridad electrónica.

Sin embargo, en el paquete fiscal para el ejercicio 2020, presentado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal y aprobado el 11 de diciembre del año en curso por el Congreso de Yucatán, se establece la implementación de un nuevo cobro por el Derecho al uso de la Infraestructura Tecnológica en materia de Seguridad Pública, que gozan las y los  habitantes del estado, como lo son las cámaras de video vigilancia.

Por lo que el problema radica en que el fin se encuentra viciado y viola el artículo 21 constitucional que refiere que la seguridad pública es un derecho y es función del Estado, la Federación, las Entidades y los Municipios.

 El Partido Verde propone:

A través de un punto de acuerdo, la Senadora Camino Farjat, exhortó a la titular de la Secretaría de Energía y al titular de la Comisión Federal de Electricidad a emitir por escrito, a la brevedad posible, la negativa de dicho cobro  por no tener las facultades legales y o normativas para ello; así como al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a no cobrarlo por ser una función constitucional propia del estado y por contar con un empréstito vigente del que se han ejecutado 600 millones, quedando 2 mil millones por ejercer.

“No existe la necesidad de transferir esta carga económica a los gobernados porque la ciudadanía paga a través de sus impuestos, además del préstamo de 2 mil 600 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó para la compra y ampliación de cámaras de vigilancia para la seguridad de las y los yucatecos”, afirmó.

Agregó que en días pasados, la Secretaria de Energía se pronunció a través de su cuenta de Twitter al respecto, confirmando que la pretensión de utilizar a la CFE como un organismo recaudador carece de fundamento legal y resulta un acto inconstitucional.

Finalmente destacó que no existe en ningún otro estado del país referencia a este derecho, así como tampoco criterios al respecto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.