Al invalidar una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca que difería la entrada en vigor de varias disposiciones en materia de paridad de género y erradicación de violencia política para designación de autoridades indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a que estas normas tendrán que aplicarse en el proceso que inicia en septiembre de este año. El Pleno invalidó el Decreto 698 del Congreso de Oaxaca, publicado el pasado 25 de octubre de 2022, con el que desaparecía el periodo obligatorio para implementar la paridad de género en 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.

Este conjunto de normas buscan garantizar la equidad de género y evitar la discriminación de las mujeres en los procesos de usos y costumbres de los pueblos originarios para elegir a sus autoridades locales, los cuales son avalados por la ley estatal. Canceló la aprobación a la modificación del Transitorio Tercero del Decreto 1511, aprobado por mayoría de legisladores de Morena, PT y Partido Verde, al frenar el cumplimiento de la paridad en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, al establecer ahora que ésta sea de manera “gradual” e indefinida.

Voces a favor coinciden que la comunidad y comunalidad se fortalece con la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, en las mismas condiciones que los hombres. El sistema de cargos y/o escalafón si puede valorar el aporte de las mujeres a la comunidad y por eso plantean al Congreso de Oaxaca, a las servidoras y servidores públicos analizar la situación estructural que enfrentan las mujeres indígenas desde una perspectiva intercultural y de género, generando leyes, políticas públicas y presupuesto que materialice y garantice el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, entre ellos los políticos-electorales.

Cada vez más contaminado y empedrado el camino a la pacificación en la fregón, pues el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), denunció una agresión contra su dirigente Macario García Merino y acusó directamente a Emelia Ortiz García, Eleazar Ortiz, Florentino Ortiz, Epifanio Ortiz, Gabriel Ortiz, Juan Domingo Pérez Castillo, como “jefes paramilitares” disfrazados del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT). Se han levantado de las mesas de diálogo lo cual ha roto el proceso de paz.

Agobiados por la polémica que desató la imagen oficial de la Guelaguetza 2023, el jurado calificador la descartó y anunció una nueva que representará las actividades de “Julio, Mes de la Guelaguetza 2023”. Papelazo de sus integrantes que exhiben poco rigor en criterios para seleccionar una obra donde se debe representar el mosaico de colores de los trajes típicos de cada una de las regiones, pero también el ánimo festivo qué significa para todos los oaxaqueños. El jurado calificador informó sobre la obra ganadora del certamen que sí reconocen las similitudes, sin tratarse de un plagio y la Secretaria de Turismo a cargo de Saymi Pineda lo alentó a seguir trabajando y creando en el futuro dado “que él es el menos responsable de esta situación”. Repartición de culpas.

En el “estira y afloja” entre el Gobierno del Estado y los normalistas, el IEEPO volvió a exhortar a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), a retomar la mesa de diálogo para continuar con la revisión de sus peticiones: material de prácticas profesionales y servicio social, en apoyo al alumnado de cuarto año. La dependencia a cargo de Emilio Montero planteó respeto mutuo, claridad y transparencia para construir acuerdos. Se ha llamado a los normalistas a no permitir la intromisión de intereses ajenos a su movimiento, pues se señala al diputado federal Irán Santiago Manuel de ser el responsable de alentar la violencia.

Organización y colectivas expresaron su rechazo a la elección de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAVI) que recayó en Héctor Eduardo Vila Ortiz como Comisionado. La convocatoria lanzada por la Coordinación para la Atención a Derechos Humanos sólo previó un plazo de 3 días para presentar candidaturas, lo cual impidió un proceso real de participación y presentación de personas con perfiles idóneos y más bien permitió la imposición de un candidato a modo, sin perfil ni reconocimiento de las víctimas.

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