Los sucesos en el municipio de Santa Lucía del Camino exhiben que los operativos de alcoholímetros carecen de mecanismos de prevención de accidentes, no se vigilan las medidas ni los protocolos correspondientes y con respeto a los derechos humanos. Por eso se necesita establecer procesos de formación, sensibilización y acreditación de los elementos municipales, así como fortalecer los controles de confianza y profesionalización de los elementos, para beneficio conjunto de la sociedad.

La ausencia de estas premisas ha originado quejas relativas a actuaciones que pudiesen configurar abuso policial en toda la entidad, tan es así que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió recomendaciones dirigidas a servidores públicos de Santa Lucía del Camino, debido al abuso de autoridad en los diversos operativos que ha implementado, entre ellos el de alcoholemia.

A la existencia de múltiples expedientes de quejas de la ciudadanía, en donde se atribuye abuso de autoridad por la violación a los derechos a la libertad, la seguridad y la legalidad, se agrega el contundente señalamiento del gobernador Salomón Jara Cruz que la Policía Municipal de ese municipio es una de las peor evaluadas de las corporaciones policiales y operaba una red de extorsión a través del alcoholímetro para obtener recursos económicos.

Ante las resistencias observadas para aplicar la ley y deslindar responsabilidades, fue precisamente el mandatario oaxaqueño quien ordenó al presidente municipal Juan Carlos García Márquez cesar al director de Seguridad Pública, Marcos Fredy Hernández López y emprender una exhaustiva investigación ante la podredumbre que ya no se puede esconder

No solo en el municipio de Santa Lucía del Camino se han cometido abusos y excesos en contra de la ciudadania a través de los alcoholímetros, también en los de Ánimas Trujano, Santa Cruz Amilpas, San Jacinta Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez, que han encontrado en estos operativos la mejor forma de justificar ingresos municipales y llegar al grado de la extorsión. Por ello, el Gobernador del Estado anunció que se reunirá con estos y otros presidentes municipales para informarles que estos operativos estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Vial estatal.

La comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac, familiares y amigos, despidieron al joven Diego Ignacio Paz, asesinado por policías de Santa Lucía del Camino. Sus restos reposarán en el Panteón Jardín, en Huayapam. “Diego no merecía morir. Su joven alma no merecía ser destruida de esta manera”, expresaron sus padres. Confiaron en que su muerte no sea en vano y sirva para que los alcoholímetros dejen de existir como un instrumento de las autoridades para cometer abusos y allegarse de dinero a través de la extorsión.

Crece la exigencia de los habitantes de Zapotitlán Palmas para lograr la desaparición de poderes en ese municipio debido a los excesos y malas acciones de Inés Martínez Reyes que ha originado un ambiente de ingobernabilidad. Denunciaron que no hay servicios básicos como agua potable, seguridad pública, recolección de basura y alumbrado público. Tras manifestarse en el complejo de Ciudad Administrativa emplazaron al Congreso del Estado a desaparecer los poderes debido a que están divididos, sin condiciones para hacer sesiones ni ordinarias ni extraordinarias.

Con la rectificación y digitalización de la superficie que integra el Polígono de la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida en el Cerro del Crestón, decretada en 1992, se podrá tener una mejor administración de la zona y evitar el crecimiento de la mancha urbana. Protege mil 230 hectáreas con 11 kilómetros de perímetro, pues con las precisiones técnicas actuales se conoce los vértices y colindancias, el número exacto de las hectáreas y las actividades que pueden  llevarse a cabo en esta superficie. Esto permitirá certidumbre a propietarios de predios que se encuentran dentro y fuera del polígono, sin que esto implique la expropiación de ninguna propiedad, ni demoliciones, ni desalojos; se seguirán respetando los derechos de propiedad social de la zona.

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