Ante las movilizaciones realizadas por integrantes del Sindicato de Burócratas, el Gobierno del Estado dará la oportunidad a los trabajadores a quienes suprimieron sus bases presenten pruebas de que las adquirieron de manera legal para reinstalarlos en sus centros de trabajo en la administración estatal. Tras el encuentro entre ambas partes para analizar la decisión de eliminar bases presuntamente adquiridos por medios ilícitos, los burócratas lograron que a partir de hoy y hasta el 27 de diciembre, se haga la revisión de la documentación a través de una mesa Técnica – Operativa, y en ella cada trabajador deberá exhiba su documentación y explique si obtuvieron o no su plaza de manera legal.

La administración estatal solicitó cancelar 1,344 bases otorgadas durante los dos sexenios anteriores que permitió que la plantilla de personal se multiplicara pues pasó de 5,400 a casi 12 mil trabajadores, sin que se justifiquen las actividades. La decisión fue avalada por la 66 Legislatura local con el argumento que fueron obtenidas ilegalmente y representan para el pago de servicios personales una cantidad superior a los 2 mil 24 millones 644 mil 976 de pesos, más los incrementos que vayan afectando a los sueldos y salarios en cada ejercicio fiscal comprometiendo severamente las finanzas públicas.

En este escenario, el secretario General del STPEIDCEO, Pedro Castillejos, rechazó categóricamente los señalamientos y estableció que todas las bases otorgadas son legales, conforme a la normatividad y procedimientos establecidos. Y sentenció a los diputados locales que avalaron la eliminación de estas plazas, calificándolos de “traidores al pueblo oaxaqueño” y de actuar en contra de los derechos laborales de miles de trabajadores.

Después de obtener una reducción en su condena, la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, señalada de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu en marzo de 2021, fue liberada la noche del viernes pasado. La Sala de Justicia indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenó su libertad. Claudia Uruchurtu fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, en la explanada municipal de Nochixtlán. Su desaparición estuvo vinculada a las denuncias de distintos actos de corrupción en ese gobierno municipal.

A través de un comunicado, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz hermanas de la activista, señalaron: “Sobre la conciencia de Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham, Isaac Soriano Reyes, magistrada y magistrados que decidieron modificar la sentencia pesará esta decisión, que marca la historia de Oaxaca y muestra cómo se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas, la omisión de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos sobre una interpretación limitada”.

Tres magistrados y dos magistradas del Tribunal Superior de Justicia se jubilan. Se trata de María Eugenia Villanueva Abraján, de la Segunda Sala Civil y María Laura Ortiz Aguirre, integrante del Consejo de la Judicatura. También Alfredo Lagunas Rivera, que integra la Primera Sala Civil; Ricardo Porfirio Sibaja Ilescas, de la Segunda Sala Penal y Arturo Lázaro León de la Vega, de la Sexta Sala Penal. La magistrada presidenta Berenice Ramírez Jiménez reconoció su aportación y refrendó el compromiso de fortalecer un servicio más eficiente y cercano a los oaxaqueños y avanzar en la construcción de una justicia sensible, incluyente y accesible con responsabilidad social.

La Cámara de Diputados federal, que sometió a recortes a dependencias públicas, estados y organismos autónomos, no sólo no redujo su gasto para 2025, sino que se autorizó un incremento de 6.45%, tres puntos por arriba de la inflación esperada oficialmente. Públicamente, los diputados reportan ingresos sólo por concepto de sus dietas, que ascienden a 75,609 pesos mensuales, ya sin impuestos. Sin embargo reciben al menos otros 120,000 pesos o más, según la fuerza de su bancada, la decisión de los coordinadores de las bancadas, las comisiones que presiden. Esto porque a sus dietas se agregan 45,786 pesos al mes para “asistencia legislativa”; 28,772 pesos para “atención ciudadana” y recursos para transportación y hospedaje (oscilan entre 7,000 y 28,000 pesos según la entidad de origen de cada uno), más una ayuda para la rendición de informes legislativos, de 28,000 pesos.

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